Prueba de su renovado "fervor verde", es que en la nueva Comisión Europea, presidida por segunda vez por el portugués José Manuel Durao Barroso, se ha creado una cartera nueva "ad hoc": la de Protección Climática, asumida por la ex ministra danesa de Clima, Connie Hedegaard.
La Unión Europea (UE) acude a la cumbre mundial del clima de Copenhague con la aspiración de encabezar el movimiento internacional en pro de una drástica reducción de los gases nocivos de efecto invernadero, causantes del calentamiento global.
Pero el compromiso europeo en esta ardua cruzada política no es nuevo. Hace dos años, el bloque de 27 socios comunitarios quiso ya enviar una señal fuerte al resto del planeta acerca de sus ambiciones ecológicas.
Prueba de su renovado "fervor verde", es que en la nueva Comisión Europea, presidida por segunda vez por el portugués José Manuel Durao Barroso, se ha creado una cartera nueva "ad hoc": la de Protección Climática, asumida por la ex ministra danesa de Clima, Connie Hedegaard.
Tras agrios debates, en diciembre de 2008 la Eurocámara dio su visto bueno al objetivo propuesto por la Comisión de Bruselas denominado plan "20/20/20".
De manera unilateral, la UE se imponía la meta de cumplir en 2020 con sus compromisos de recortar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 20 por ciento (respecto a los niveles de 1990), mejorar la eficacia energética en otro 20 por ciento y a su vez que el 20 por ciento de la energía que se consuma en el bloque proceda de fuentes renovables.
Incluso, Bruselas daba un paso más al ofrecer una reducción de emisiones de hasta el 30 por ciento si otras potencias del globo también se suman al esfuerzo
Podría parecer que el bloque europeo se fijó esos objetivos en su ambiciosa "agenda climática" con los ojos puestos directamente en la cita de Copenhague, que bajo paraguas de las Naciones Unidas prentende -entre los próximos 7 y 18 de diciembre- gestar un nuevo mundo más ecológico post Protocolo de Kyoto, un tratado ya obsoleto que expira en 2012.
No obstante, aunque todos los socios europeos están de acuerdo en alcanzar esos objetivos y en que en la cita de Copenhague se pongan cifras concretas sobre la mesa, difieren en cómo -y en quién debería pagar las "facturas" del esfuerzo- para ayudar a los países más pobres del planeta a seguir en la senda del desarrollo, pero contaminando lo menos posible.
Precisamente, el pasado 30 de octubre los 27 alcanzaron un acuerdo según el cual los países en vías de desarrollo necesitarán cerca de 100.000 millones de euros (unos 150.000 millones de dólares) anuales hasta 2020 para poder asumir el reto climático.
Entre 22.000 y 50.000 millones de esa suma provendrán de los fondos públicos de los países ricos, en lugar de ser financiados por la industria.
También lograron dar luz verde al nacimiento de un "fondo catalizador", de entre 5.000 y 7.000 millones de euros anuales, para impulsar, en una primera fase, que los países más pobres del globo comiencen lo antes posible a reciclar sus obsoletas -y altamente contaminantes- industrias.
El complejo asunto de la financiación de los esfuerzos para reducir el calentamiento planetario es de crucial importancia y será la clave para el éxito o el fracaso de la cumbre mundial de Copenhague, en opinión de los expertos.
Los países en vías de desarrollo han advertido que no suscribirán ningún acuerdo si no obtienen suficientes ayudas de parte de los países más ricos del planeta, los cuales -argumentan los pobres- tienen buena parte de responsabilidad en las emisiones de C02 a la atmósfera, junto con algunas economías emergentes como China.
No obstante, a pesar de la buena voluntad europea y de sus propósitos ecológicos, todavía persisten diferencias entre los socios más ricos y más pobres de la UE a la hora de "abonar" los gastos.
Abanderados por Polonia y Hungría, los países de la Europa ex comunista dejaron claro que la "carga" de la factura para contribuir con los países menos desarrollados deberá ser asumida en su mayor parte por las grandes economías europeas, entre ellas Alemania y Francia.
Los ex satélites de Moscú argumentan que sus economías, menos desarrolladas que sus socios de Occidente, no están en condiciones de soportar más gastos, en medio de la actual crisis económica que se deja sentir con especial virulencia en esa zona de Europa.
"En un país como Polonia tenemos un margen muy limitado para reducir las emisiones de C02 de aquí al 2020 porque esperamos tener un crecimiento económico elevado. Me gustaría que los países ricos del oeste hicieran más esfuerzos para reducir sus emisiones", se lamentó recientemente el ministro polaco para Asuntos Europeos, Nikolai Dowgielewick.
La presidencia semestral sueca de la UE propone que se tenga en cuenta la capacidad de pago de los Estados miembro menos prósperos, a través de un mecanismo de ajuste interno. No obstante, según Varsovia, convertida en portavoz de los ex países comunistas de Europa, "eso es cuestión de opinión y no de criterios".
El grupo de países del Este quiere que el único medidor para el "reparto de la carga" sea "la participación del PIB de un país en el conjunto del PIB de la UE" y que -contrariamente a la propuesta de la Comisión Europea- no se tenga en cuenta el volumen de emisiones de cada socio para establecer el cálculo.
Bruselas, Bélgica
La Unión Europea (UE) acude a la cumbre mundial del clima de Copenhague con la aspiración de encabezar el movimiento internacional en pro de una drástica reducción de los gases nocivos de efecto invernadero, causantes del calentamiento global.
Pero el compromiso europeo en esta ardua cruzada política no es nuevo. Hace dos años, el bloque de 27 socios comunitarios quiso ya enviar una señal fuerte al resto del planeta acerca de sus ambiciones ecológicas.
Prueba de su renovado "fervor verde", es que en la nueva Comisión Europea, presidida por segunda vez por el portugués José Manuel Durao Barroso, se ha creado una cartera nueva "ad hoc": la de Protección Climática, asumida por la ex ministra danesa de Clima, Connie Hedegaard.
Tras agrios debates, en diciembre de 2008 la Eurocámara dio su visto bueno al objetivo propuesto por la Comisión de Bruselas denominado plan "20/20/20".
De manera unilateral, la UE se imponía la meta de cumplir en 2020 con sus compromisos de recortar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 20 por ciento (respecto a los niveles de 1990), mejorar la eficacia energética en otro 20 por ciento y a su vez que el 20 por ciento de la energía que se consuma en el bloque proceda de fuentes renovables.
Incluso, Bruselas daba un paso más al ofrecer una reducción de emisiones de hasta el 30 por ciento si otras potencias del globo también se suman al esfuerzo
Podría parecer que el bloque europeo se fijó esos objetivos en su ambiciosa "agenda climática" con los ojos puestos directamente en la cita de Copenhague, que bajo paraguas de las Naciones Unidas prentende -entre los próximos 7 y 18 de diciembre- gestar un nuevo mundo más ecológico post Protocolo de Kyoto, un tratado ya obsoleto que expira en 2012.
No obstante, aunque todos los socios europeos están de acuerdo en alcanzar esos objetivos y en que en la cita de Copenhague se pongan cifras concretas sobre la mesa, difieren en cómo -y en quién debería pagar las "facturas" del esfuerzo- para ayudar a los países más pobres del planeta a seguir en la senda del desarrollo, pero contaminando lo menos posible.
Precisamente, el pasado 30 de octubre los 27 alcanzaron un acuerdo según el cual los países en vías de desarrollo necesitarán cerca de 100.000 millones de euros (unos 150.000 millones de dólares) anuales hasta 2020 para poder asumir el reto climático.
Entre 22.000 y 50.000 millones de esa suma provendrán de los fondos públicos de los países ricos, en lugar de ser financiados por la industria.
También lograron dar luz verde al nacimiento de un "fondo catalizador", de entre 5.000 y 7.000 millones de euros anuales, para impulsar, en una primera fase, que los países más pobres del globo comiencen lo antes posible a reciclar sus obsoletas -y altamente contaminantes- industrias.
El complejo asunto de la financiación de los esfuerzos para reducir el calentamiento planetario es de crucial importancia y será la clave para el éxito o el fracaso de la cumbre mundial de Copenhague, en opinión de los expertos.
Los países en vías de desarrollo han advertido que no suscribirán ningún acuerdo si no obtienen suficientes ayudas de parte de los países más ricos del planeta, los cuales -argumentan los pobres- tienen buena parte de responsabilidad en las emisiones de C02 a la atmósfera, junto con algunas economías emergentes como China.
No obstante, a pesar de la buena voluntad europea y de sus propósitos ecológicos, todavía persisten diferencias entre los socios más ricos y más pobres de la UE a la hora de "abonar" los gastos.
Abanderados por Polonia y Hungría, los países de la Europa ex comunista dejaron claro que la "carga" de la factura para contribuir con los países menos desarrollados deberá ser asumida en su mayor parte por las grandes economías europeas, entre ellas Alemania y Francia.
Los ex satélites de Moscú argumentan que sus economías, menos desarrolladas que sus socios de Occidente, no están en condiciones de soportar más gastos, en medio de la actual crisis económica que se deja sentir con especial virulencia en esa zona de Europa.
"En un país como Polonia tenemos un margen muy limitado para reducir las emisiones de C02 de aquí al 2020 porque esperamos tener un crecimiento económico elevado. Me gustaría que los países ricos del oeste hicieran más esfuerzos para reducir sus emisiones", se lamentó recientemente el ministro polaco para Asuntos Europeos, Nikolai Dowgielewick.
La presidencia semestral sueca de la UE propone que se tenga en cuenta la capacidad de pago de los Estados miembro menos prósperos, a través de un mecanismo de ajuste interno. No obstante, según Varsovia, convertida en portavoz de los ex países comunistas de Europa, "eso es cuestión de opinión y no de criterios".
El grupo de países del Este quiere que el único medidor para el "reparto de la carga" sea "la participación del PIB de un país en el conjunto del PIB de la UE" y que -contrariamente a la propuesta de la Comisión Europea- no se tenga en cuenta el volumen de emisiones de cada socio para establecer el cálculo.
Bruselas, Bélgica
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